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ESPECIAL DIVORCIO

Abogados de Castellón especialistas en Derecho de familia.

Como te podemos ayudar?

Somos Abogados Matrimonialistas, expertos en gestión integral de situaciones de RUPTURA y separación matrimonial.

Tenemos una amplia y extraordinaria experiencia en procesos divorciales, desde los casos más sencillos y pactados, hasta los supuestos más complejos y delicados.

Sabemos que cada MATRIMONIO es distinto y las circunstancias que provocan su crisis también son diferentes. Por ello, los métodos de comunicación del divorcio entre los cónyuges, los primeros pasos de la tramitación, y desde luego la negociación y la gestión jurídica y económica de cada proceso de DIVORCIO, son singulares, y han de ser gestionados de forma PERSONALIZADA.

Garantizamos un asesoramiento INDIVIDUALIZADO, CERCANO, COMPRENSIVO, y sobre todo SENSATO, que le garantice un FUTURO provisto de una mayor calidad de vida en lo personal. Sabemos que cada divorcio conlleva una carga emocional y unas circunstancias subjetivas que deben ser minimizadas por una gestión eficaz de la ruptura. Para eso también estamos preparados y dispuestos.

En los conflictos matrimoniales se producen situaciones que en la mayor parte de las ocasiones tienen una FACIL SOLUCION, no perceptible a primera vista para los cónyuges en proceso de separación, y que han de ser gestionadas por un Abogado experto que sepa introducir los CAMBIOS de forma inteligente, de manera prudente, y orientar el proceso de divorcio como una solución al conflicto, no como una imposición legal ni como el resultado de la ruptura.

La diferencia entre una gestión legal de un Divorcio, INTELIGENTE Y PLANIFICADO, y la adopción de acuerdos precipitados –por adoptarse como resultado de los impulsos- o imprecisos –por ser el resultado de un asesoramiento deficiente- multiplica las dificultades, y siembra el futuro de los excónyuges de conflictos y de una permanente problemática, que contamina la independencia y el futuro de los ex esposo, a veces, de por vida. La solución es sencilla: dejar la gestión del divorcio en manos expertas, de abogados matrimonialistas con capacidad para centrar el asesoramiento y la defensa en lo importante, en lugar de dejarse llevar por impulsos o por costumbres.

Separación y Divorcio: Soluciones

La ruptura matrimonial no ha de ser considerada necesariamente como un fracaso personal y una frustración que perdure para el resto de la vida, sino que, una vez adoptada firmemente la DECISION de divorciarse, lo óptimo es planificar cuidadosamente el futuro inmediato, organizando de la mejor forma el cese de la convivencia.

¿Es posible la mediación jurídico-familiar?

Sí. En numerosas ocasiones, la decisión de tramitar un Divorcio no está suficientemente asentada, y requiere la INTERMEDIACION de un Abogado Matrimonialista. Este profesional, actuará como Mediador y Arbitro y podrá facilitar la toma de decisión conjunta o personal de iniciar el Divorcio al cónyuge, o inclusive a ambos simultáneamente.

En otros casos, la relación conyugal está demandando una fase de refresco y paréntesis, para facilitar un reinicio posterior de la vida familiar, bajo nuevos mecanismos de funcionamiento de la convivencia y la realidad familiar. Para planificar un cese de la convivencia como medio de experimentación, también es necesaria una planificación legal personalizada, a fin de evitar efectos indeseados en la ulterior tramitación divorcial, si finalmente se produce.

Como es muy común que los procesos de Divorcio desemboquen en conflictos judiciales, a causa de una ineficiente comunicación del deseo de divorciarse al otro cónyuge, se hace precisa una adecuada puesta en conocimiento del cónyuge, no solo la decisión del divorcio como tal, sino muy especialmente las condiciones que se presentan como necesarias para poder alcanzar un acuerdo. Para ello, es imprescindible hacer participar a los abogados matrimonialistas desde ese primer momento, para que mediante una adecuada planificación del contenido del Convenio de mutuo acuerdo, se pueda alcanzar de forma consensuada y negociada una extinción amistosa del matrimonio, de la custodia, del uso de la vivienda, de las pensiones, y de la liquidación de los bienes gananciales o comunes.

Convenio de Divorcio de Mutuo Acuerdo

¿Qué acuerdos debe contener el convenio?

Debe contener los ACUERDOS esenciales del Divorcio:
1.- Cese de la convivencia y/o disolución del vínculo
2.- Custodia de los hijos
3.- Cuantía de las pensiones de alimentos
4.- Régimen de visitas a los hijos
4.- Atribución del uso de la vivienda habitual
5.- Otras pensiones o compensaciones, en su caso.
6.- Liquidación de los bienes, en su caso.

En todo caso, los acuerdos deben establecerse bajo criterios de equidad en un Convenio de mutuo acuerdo con relativa sencillez, utilizando estrategias de arbitraje y MEDIACION JURIDICA del divorcio, que facilitan la tramitación de aspectos muy personales y con una gran carga emotiva para los miembros del matrimonio en crisis.

¿Y si hay hijos menores?

La existencia de HIJOS MENORES no tiene porque convertir el divorcio en un proceso tormentoso para los padres y los hijos, sino que, muy al contrario, puede abrir un espectro de posibilidades de custodia y relación entre padres e hijos que tras los periodos de adaptación, normalicen las relaciones y faciliten una realidad familiar en divorcio, ordenada.

Con frecuencia alarmante, se celebran Acuerdos de Divorcio, en los que no han quedado suficientemente delimitados aspectos de vital importancia para uno de los cónyuges, o que dan lugar a erróneas interpretaciones sobre aspectos que deberían haberse precisado de forma adecuada. Por esta razón, la redacción, negociación y explicación de todas y cada una de las condiciones del Convenio, exige un protocolo adecuado a las necesidades y condiciones personales de los cónyuges.

¿Se puede acordar lo que se desee en el Convenio?

Con limitaciones sí. En el convenio regulador de la separación o divorcio de mutuo acuerdo se pueden introducir todas las medidas necesarias para que no haya el menor atisbo de confusión en la interpretación de la vida tras la ruptura matrimonial.

Se hace necesario precisar con todo lujo de detalles todos los aspectos que puedan incidir en la vida posterior de los ex cónyuges, sus hijos, sus ocupaciones laborales, su ocio, sus patrimonios, sus ingresos económicos o de otra naturaleza.. Todo es posible de regular, y de esa adecuada y precisa regulación depende en buena medida la paz de las relaciones post divorciales. Sin ninguna duda, se debe redactar un convenio de mutuo acuerdo completo, preciso, y personalizado a las circunstancias singulares de cada cónyuge.

No es posible regular eficazmente la vida de las personas con un documento genérico y sin especificaciones personalizadas, pero mucho menos asegurar unas relaciones pacíficas entre dos personas que han decidido poner fin a su convivencia y a la unidad familiar, y que por tanto mantendrán unas relaciones postdivorciales tensas y muchas veces presididas por el rencor y el resentimiento.

¿Dónde se regula legalmente el Convenio de mutuo Acuerdo?

El convenio regulador de divorcio está contemplado en el artículo 90 del Código Civil, que exige el contenido mínimo del mismo.

1.- Regulación del cuidado de los hijos, la patria potestad, la guarda y custodia de los menores.
2.- El régimen de comunicación de los hijos con el progenitor con el que no convivan
3.- Uso de la vivienda familiar.
4.- Cargas del matrimonio y alimentos, y en su caso, las pensiones compensatorias.
5.- En su caso, la liquidación ganancial y el régimen de visitas entre nietos y abuelos

Sin regular estos aspectos formales, el convenio puede ser rechazado judicialmente, y exigidos por parte del Juez los cambios que resultasen necesarios para garantizar su plena legalidad.

¿Por qué interviene el Fiscal?

Además de los cónyuges, en caso de existir hijos menores, el Fiscal debe informar sobre el convenio regulador.
La participación de este Funcionario se precisa en defensa de los derechos del menor.

El Fiscal puede informar favorable o desfavorablemente determinadas cláusulas de un convenio, lo que provocará normalmente que el Juzgado obligue a los cónyuges a realizar los cambios procedentes para adaptar el documento a las exigencias de la Fiscalía, si a su juicio la defensa de los intereses del menor o menores no quedasen suficiente o adecuadamente protegidos en el texto original.

¿El convenio es un contrato?

El convenio tiene carácter legal de contrato y por ello requiere que sus requisitos sean los que prevé el artículo 1.261 del Código Civil.

Sin embargo aún válido el convenio tras su firma por los cónyuges como cualquier otro contrato, necesita de la aprobación judicial para que adquiera plena eficacia jurídica, y para ello es requisito que los cónyuges se ratifiquen ante el Juzgado en la suscripción del convenio.

¿Por qué puede ser rechazado por el Juez el Convenio?

Un convenio puede ser no autorizado judicialmente por diversas razones, ya que los acuerdos de los cónyuges han podido ser adoptados libremente y creyendo que eran válidos y formales, y en cambio pueden atentar contra principios o derechos irrenunciables, o perjudicar el interés de los hijos menores.

Por el Informe desfavorable del Fiscal, o por la propia decisión judicial, el convenio de mutuo acuerdo puede ser total o parcialmente rechazado, imponiéndoseles a los cónyuges su rectificación o subsanación.

Puede celebrarse un convenio regulador de separación y posteriormente en el divorcio, se ha de redactar y someter a ratificación y aprobación judicial otro. En estos supuestos los mismos cónyuges pueden acordar medidas distintas en una y otra fase de su disolución matrimonial.

¿Puede modificarse un convenio de mutuo acuerdo?

Sí. Lo pueden hacer los cónyuges, incluso cuando el convenio está judicialmente aprobado.

El convenio puede ser modificado posteriormente, tanto de forma acordada como litigiosa, al amparo de lo previsto en el artículo 1.079 del Código Civil, mediante el complemento de lo omitido en el documento inicial. Por tanto desde el punto de vista legal, el convenio de mutuo acuerdo de divorcio es un documento vivo sujeto a modificaciones posteriores.

La razón más común por la que los convenios pueden ser posteriormente modificados, es por haberse producido alteraciones substanciales en la vida o en la fortuna de uno u otro cónyuge que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones pactadas en su día. Incluso también un convenio ya ratificado y aprobado judicialmente, y provisto de una sentencia firme, puede ser anulado y revocado en un plazo de cuatro años por haberse celebrado lesionando gravemente derechos de uno de los cónyuges en más de una cuarta parte de los derechos adjudicados. Es el caso especial de la “rescisión por lesión”  prevista en el artículo 1.074 del Código Civil:

“Podrán ser rescindidas las particiones por causa de lesión en más de una cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas”

¿Qué efectos tiene el Convenio?

Cuando el convenio “se convierte” en sentencia judicial, tras su ratificación ante el Juez y la aprobación por éste, el contenido del Convenio regulador adquiere la legitimación de la resolución judicial para servir de documento válido a la hora de ejercer derechos, dar cumplimiento a los deberes y obligaciones, y también para cumplimentar trámites, especialmente los de los Registros de la Propiedad, en caso de ser adjudicada a través del reparto de bienes del convenio, la titularidad de un inmueble.

¿Qué ocurre si se incumple el convenio?

El incumplimiento de un convenio transformado en resolución judicial es el del quebrantamiento de una sentencia, que puede ser objeto de “ejecución de un titulo judicial” e incluso en el caso de incumplimiento de obligaciones familiares esenciales, constituir un ilícito de naturaleza penal.

¿Es posible liquidar una empresa familiar en el Convenio?

En caso de adjudicarse acciones o participaciones en empresas a través del convenio regulador, este documento servirá como base del reparto que posteriormente habrá que distribuir en una operación societaria mediante un acuerdo.

Además la adjudicación efectuada en el convenio tampoco será suficiente para inscribir en los Registros Mercantiles estas titularidades de participaciones o acciones de una sociedad mercantil, y habrán de cumplimentarse los acuerdos necesarios conforme a las normas del derecho mercantil para llevar a cabo válidamente estas inscripciones registrales.

¿Qué efectos fiscales tiene el Convenio?

No hay efectos fiscales contributivos derivados de un convenio regulador de divorcio. Están exentas de tributación las adjudicaciones equitativas por los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y también está exenta la adjudicación de bienes inmuebles a través del convenio regulador del Impuesto de Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido “impuesto de Plusvalía”. Tan solo tributará el exceso de adjudicación a uno de los cónyuges, en defecto del otro, y en determinadas regiones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en caso de contenerse en el convenio regulador la donación de bienes a favor de uno de los cónyuges o de los hijos o adjudicarse con exceso bienes a uno de los cónyuges

Pensión de Alimentos

Uno de los efectos más perniciosos de los procesos de Divorcios, es la conflictividad que generan las cuantías, abonos y aplicaciones de las Pensiones de ALIMENTOS.

¿Qué se incluye en la pensión de alimentos?

Técnicamente la pensión de alimentos debe soportar los costes económicos de ALIMENTACION, SALUD, VESTIDO, VIVIENDA Y EDUCACION de los hijos menores, o incluso mayores de edad desprovistos de independencia económica.

La pensión de alimentos puede comprender también los gastos de embarazo y parto si no están cubiertos de otra forma.

En los gastos de vivienda se incluyen los suministros ordinarios de uso y disfrute de la vivienda (luz, agua y gas), si bien, en caso de ser arrendado el inmueble residencial, también se imputará el coste de este arrendamiento en lo que respecta al hijo beneficiario de la pensión de alimentos.

¿Quién esta obligado a prestar la pensión de alimentos?

Están obligados a prestarse alimentos los cónyuges entre sí, y a los hijos.

La obligación de satisfacer alimentos viene impuesta por la sentencia de nulidad, separación o divorcio que se dicte tras la tramitación del procedimiento correspondiente, y en ella se fija la persona que está obligada a satisfacerlos, su cuantía así como las bases para su actualización (generalmente será el índice de Precios al Consumo), el periodo y la forma de pago.

El progenitor no custodio deberá satisfacer la pensión de alimentos conforme a su capacidad y necesidades del alimentista.

En caso de custodia compartida los costes de manutención del menor no se sufragan mediante pensiones y ambos custodios comparten la manutención, si bien es posible el acuerdo de una pensión en casos de desequilibrio patrimonial o mayor capacidad de uno de los padres para sostener los costes de manutención del menor.

¿Cómo se calcula el importe de la pensión de alimentos?

Es difícil determinar el coste real de manutención de los hijos en el momento del divorcio, cuanto más en el futuro. En cambio, determinar los ajustes por edades debería constituir un método común de actualización de las pensiones, que nunca se suele aplicar.

El reajuste de las pensiones de alimentos por el paso del tiempo solo se efectúan por aplicación del «IPC» pero nunca por otros índices más acordes con las alteraciones en el coste real de mantener a los hijos, como la llegada de la adolescencia, el paso de un ciclo formativo a otro, las necesidades de transporte autónomo del menor, la uniformidad académica o su finalización, u otros hitos que alteran de forma substancial el coste diario de manutención de un menor.

La cuantía de la pensión de alimentos depende de dos circunstancias:

  • De los ingresos de la persona que está obligada a abonarlos.
  • De las necesidades del beneficiario.

Al contrario que en otros países europeos, no existe en la legislación española ningún baremo obligatorio al que deba ajustarse el juez a la hora de fijar la pensión de alimentos. Puede, por tanto, fijar su cuantía concreta conforme a su criterio, dentro de los márgenes de la ley.

¿Puede cambiarse el importe de la pensión de alimentos?

Posteriormente, esta cantidad también podrá incrementarse o disminuirse judicialmente en función de las necesidades del beneficiario y del incremento o disminución de los recursos económicos del obligado al pago.

La modificación de la cuantía de la pensión debe hacerse mediante el correspondiente procedimiento judicial de modificación de medidas y no será efectiva hasta que recaiga sentencia.

¿Cuándo cesa la obligación de prestar alimentos?

La obligación de prestar alimentos cesa cuando:

  • El obligado a prestarlos fallece.
  • Los recursos del que está obligado se reducen hasta el punto de si los satisface pone en peligro su propia subsistencia y la de su nueva familia.
  • La persona que recibe los alimentos, puede ejercer una profesión u oficio o su situación económica ha mejorado de forma que no necesita la pensión de alimentos para subsistir.
  • Si el alimentista comete alguna de las faltas que dan lugar a la desheredación.
  • Si la necesidad del hijo se debe a una mala conducta o a la falta de aplicación en el trabajo, perderá su derecho a percibir alimentos mientras dure este comportamiento.

¿Después de los 18 años del hijo debe continuar pagándose pensión de alimentos?

En principio, los alimentos a los hijos deben satisfacerse hasta que los menores alcanzan la mayoría de edad, ahora bien, si después de cumplir esta edad continúan estudiando o carecen de medios de subsistencia propios, los hijos podrán exigir alimentos hasta que sean capaces de valerse por sí mismos.
En estos casos, la reclamación de alimentos deberá realizarla directamente el hijo sin que pueda hacerlo en su nombre el progenitor con el que conviva.

¿Qué efectos tiene el impago de la pensión de alimentos?

El incumplimiento de la obligación de prestar alimentos conlleva el inicio del procedimiento de ejecución sobre los bienes del obligado a prestarlos. Esta ejecución es civil y puede conllevar además del embargo de bienes, la sanción por gastos (y costas judiciales) derivadas de la reclamación, y que suponen hasta un 305 del importe impagado.
El impago de pensiones de alimentos podrá ocasionar para quien la incumpla responsabilidades penales: el impago durante 2 meses consecutivos o de 4 meses no consecutivos de la pensión de alimentos es constitutivo de un delito de abandono de familia sancionado con penas de privación de libertad y multas económicas.

¿Es posible convenir de mutuo acuerdo la pensión?

Sí. El importe y periodicidad de la pensión de alimentos puede ser fácilmente armonizada bajo un protocolo de planificación adecuado, o bien -en ausencia de esta organización- ocasionar un elevado nivel de conflictividad entre los progenitores, de cuya disputa, siempre y sin excepción, los hijos resultan especialmente perjudicados.

El establecimiento de sistemas de control de la gestión de la pensión, adecuadamente incorporadas a las OBLIGACIONES COTIDIANAS de los padres divorciados se puede minimizar los conflictos a la hora de determinar el valor de la pensión y sus actualizaciones. Así mismo se deben procurar sistemas de adecuación de la pensión de alimentos a las necesidades vitales de los menores y de las capacidades contributivas de los padres, bajo criterios de equidad, siempre difíciles en un estado postdivorcial, pero posibles bajo un criterio general de objetividad y racionalización del gasto. 

¿Dónde se encuentra regulada legalmente la pensión de alimentos?

La legislación española referida a la manutención de los hijos menores, se encuentra incluida dentro de los deberes esenciales de la patria potestad, conforme a lo previsto en el Título VII del Código Civil, en concreto en el art. 154, y por otro lado como un deber ajeno y superior a la patria potestad, y derivado de la filiación, según lo previsto en los arts. 110 y 111 del mismo Código Civil, y del propio art. 39.3 de la Constitución Española:

Art. 154.1 Código Civil: «Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 1.- Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
Art. 110 Código Civil. «El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos.
Art. 111 Código Civil:  «Quedará excluido de la patria potestad y ….. Quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos».
Art. 39.2 Constitución Española: «Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.»
Aquella inclusión de la obligación de prestar alimentos como deber ínsito en la patria potestad, se define una manera más concreta en el Titulo VI del Código Civil «De los alimentos entre parientes», a través de su art. 142:Art. 142 Código Civil: «Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable».
Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

Los alimentos consisten por tanto en una obligación basada en las necesidades vitales del menor -o mayor de edad dependiente- y modulada según las capacidades concretas del progenitor obligado a ese sustento, conforme al art. 146 del Código Civil:
Art. 146 Código civil: «La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe»
Por tanto, la conclusión unificada de lo dispuesto de manera dispersa en los arts. 110, 111, 142, 146 y 154.1 del Código Civil y del art. 39.3 de la Constitución Española, sería que los «progenitores están obligados en el ejercicio de la patria potestad, e incluso privados de ella, por la sola filiación, a satisfacer las necesidades de sustento de sus hijos, en proporción a su capacidad de contribución y sus recursos personales».
Esta obligación de sustento de los hijos subsiste durante el proceso divorcial, y desde luego después del mismo,  conforme a los arts. 91 y 93 del Código Civil, en los que la Ley otorga al Juez la capacidad para determinar las contribuciones de los progenitores para satisfacer alimentos a los hijos.     
El art. 91 del Código Civil se refiere a los alimentos como uno de los capítulos incluidos dentro de las «cargas familiares» y se refiere expresamente al contenido de la sentencia de separación, nulidad o divorcio, mientras que el art. 93 del Código Civil, con una repetición parcial de lo previsto en el art. 91 y en el art. 103, y con una remisión al art. 142, es decir con una absoluta descoordinación legislativa, faculta al Juez para imponer obligaciones en concepto de contribuciones de los progenitores a los alimentos de los hijos.
Art. 91 Código Civil: «En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias»
Art. 93 Código Civil: «El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código»
La obligación de prestar alimentos traspasa las barreras paterno-filiales y en caso de imposibilidad o ausencia del obligado, este deber podrá dirigirse hacia abuelos o hermanos, según lo preceptuado en los arts. 143, 144 y 145 del Código Civil.
También reconoce el Código Civil el derecho a procurar alimentos en especie, es decir permutar la obligación de pagar el coste de la manutención a quien administre esa manutención, y en su lugar sufragar las necesidades vitales. Esta posibilidad, olvidada por la mayor parte de las resoluciones judiciales de divorcio, contiene una de las más eficaces soluciones a las batallas judiciales por las pensiones de alimentos de los hijos menores.
Artículo 149 Código Civil: «El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos». Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad.»
Finalmente, y como colofón al superlativo caos legislativo en el que los alimentos se encuentran regulados en el Código Civil, el art. 103 regula, con prácticamente idéntico contenido en relación con la obligación de soportar las «cargas del matrimonio», añadiendo la consideración de cargas familiares, la atención a los hijos, lo que incidirá en la capacidad contributiva del progenitor que ostente la guarda y custodia de los hijos.
Art 103 Código Civil: «Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos las medidas siguientes:
1.    Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas, si procede, las litis expensas, establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.
Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad»

La pensión compensatoria

¿Qué es la pensión compensatoria?

La pensión compensatoria se establece judicialmente para reparar el DESEQUILIBRIO económico que puede producir la ruptura matrimonial en uno de los cónyuges.
Por tanto, la pensión se constituye para compensar no para sufragar alimentos. Se compensa, por ejemplo, la DEDICACIÓN de uno de los cónyuges al cuidado del hogar y de la familia durante la vigencia del matrimonio o su colaboración en la actividad profesional o empresarial del cónyuge.

¿Quién tiene derecho a la pensión compensatoria?

Por ello, en los procedimientos de medidas provisionales se fijará a favor del cónyuge DESFAVORECIDO una pensión de alimentos que será sustituida por la pensión compensatoria en la sentencia de separación y tras la tramitación del correspondiente proceso judicial.

¿Es posible mantener tras el divorcio una pensión acordada en la separación?

Sí. En los procedimientos de divorcio puede solicitarse el MANTENIMIENTO de la pensión compensatoria establecida en la sentencia de separación pero, si ésta no fue reconocida en el procedimiento de separación, no procederá su fijación en el de divorcio.

La pensión compensatoria se SOLICITA en el procedimiento de separación o divorcio.

¿En realidad la pensión compensatoria es una pensión de alimentos?

No. La pensión compensatoria reequilibra. Es decir no tiene una función alimentista, aunque las necesidades reales de manutención del excónyuge más desfavorecido sea en la realidad práctica el criterio más común para determinar el valor y la duración de la pensión.

La Ley por tanto exige que en primer lugar exista un desequilibrio económico ocasionado por efectos del divorcio o separación, y por tanto su naturaleza, no es de una pensión alimenticia, sino indemnizatoria, reequilibrante o de mero resarcimiento por el daño objetivo consistente en el empeoramiento económico provocado por el divorcio, por lo que se encuentra basada en el principio jurídico de “solidaridad postconyugal”.

¿Cuál debe ser el importe de la pensión compensatoria?

La cuantía de la pensión la fija el juez en función de los INGRESOS Y BIENES de la persona que debe satisfacerla.
Al contrario que en otros países europeos, no existe en la legislación española NINGÚN BAREMO OBLIGATORIO al que deba ajustarse el juez a la hora de fijar la pensión compensatoria. Puede, por tanto, fijar su cuantía concreta conforme a su criterio, dentro de los márgenes de la ley.

¿Cuál debe ser la duración de la pensión compensatoria?

El principio no está o no tiene por qué estar sujeta a un límite TEMPORAL sino que su duración dependerá, entre otros criterios, de la duración de la convivencia y de la capacidad del beneficiario para obtener recursos económicos propios que le sitúen en un nivel de vida similar al que gozaba durante el matrimonio. Así, el trabajo del beneficiario no conduce, en principio y de forma automática a su extinción.

¿Cómo se debe actualizar la pensión compensatoria?

La cantidad establecida en la sentencia de separación se ACTUALIZA todos los años de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística.

¿Puede modificarse la pensión compensatoria?

La cuantía de la pensión puede ser modificada judicialmente en aquellos casos en los que el BENEFICIARIO mejora su situación económica o empeora la del obligado al pago. Estas mismas circunstancias pueden conducir también a la extinción de la pensión compensatoria.

¿Quién debe pagar el IBI tras el divorcio?

Igualmente existe un vacío legal para determinar la obligación del abono del Impuesto de Bienes Inmuebles.

En principio, al tratarse de un Impuesto que grava la propiedad (y no el uso), deberá obligarse a su abono a ambos titulares en la proporción de su cuota de propiedad.

No obstante podrán acordarse otros términos y condiciones de mutuo acuerdo entre los ex cónyuges.

¿La liquidación de la sociedad ganancial provoca el fin de la pensión compensatoria?

Por su parte, la liquidación de la sociedad de gananciales tras el procedimiento de separación o divorcio, no conduce por sí misma a la extinción de la pensión salvo que CONCURRA con un cambio en las circunstancias económicas del obligado al pago o los bienes adjudicados tras la liquidación produzcan una rentabilidad que permita superar el desequilibrio que dio origen a su establecimiento.

¿Qué efectos tiene el impago de la pensión compensatoria?

El impago de la pensión compensatoria, al igual que el de pensión de alimentos, puede dar lugar a la comisión de un DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA castigado con penas de privación de libertad o multas.

No obstante lo anterior, el impago de una pensión compensatoria puede ser objeto de una medida no penal, y ante una reclamación civil –mediante la ejecución de la sentencia incumplida en los términos de la pensión compensatoria- el resultado y efecto del impago será el embargo del deudor y la condena en los gastos y costas judiciales de la reclamación.

¿Dónde se regula legalmente la pensión compensatoria?

La pensión compensatoria viene regulada en el Código Civil, en su artículo 97, que señala expresamente:

“ El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el Convenio regulador o en la sentencia.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez en sentencia, determinará su importe teniendo en cuanta las siguientes circunstancias:

1º  Los acuerdos s los que hubieran llegado los cónyuges
2º La edad y el estado de salud
3º La cualificación profesional y las posibilidades de acceso a un empleo
4º La dedicación pasada y futura a la familia
5º La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge
6º La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal
7º La pérdida eventual de un derecho de pensión
8º El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge
9º Cualquier circunstancia relevante

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.”

¿Es posible que la pensión compensatoria sea vitalicia?   

Sí. Es frecuente entender la pensión compensatoria como una renta vitalicia o una contribución indefinida por haber contraído en su día matrimonio, sin embargo dispone de una  naturaleza primordialmente temporal .

¿Se extingue la pensión compensatoria por un nuevo matrimonio?

Sí. La pensión, aunque puede constituirse como indefinida, en todo caso se extingue conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 101 del Código Civil:

“El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor un nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona”.

¿Puede convertirse la pensión compensatoria en una renta vitalicia?

Sí. La pensión compensatoria podrá ser modificada tras su acuerdo o señalamiento, bien como sustitución por una renta vitalicia.

También podrá permutarse por el usufructo de determinado bienes  o la entrega de un capital ya sea en bienes o en dinero (artículo 99 del Código Civil).

¿Se podrá extinguir o modificar por cambios de fortuna de uno u otro cónyuge?

í. La pensión compensatoria podrá verse modificada, como única causa, como consecuencia de la alteración en la fortuna de uno u otro cónyuge (artículo 100 del Código Civil).

¿Es diferente la regulación de Cataluña con respecto al resto de España?

Sí. A diferencia de la legislación estatal, en el ordenamiento jurídico catalán (artículos 41 y 84 del Código de Familia de Cataluña) se regula de una manera singular la pensión compensatoria, al requerirse, además de la provocación de desequilibrio económico en uno de los cónyuges por razón de separación o divorcio, que uno de los esposos haya prestado durante el matrimonio un trabajo en el hogar familiar o para su consorte de forma no remunerada o con una retribución insuficiente.

Además en Cataluña se exige que la disolución del régimen de separación de bienes haya provocado desequilibrio en uno de los cónyuges, y que además ese desajuste en la igualdad patrimonial de los esposos, le haya procurado a uno de ellos, un enriquecimiento injusto.

Liquidación de Bienes Gananciales

¿Qué es la sociedad de gananciales?

La sociedad de gananciales es la comunidad de bienes y derechos que deriva del matrimonio.

Por efecto del matrimonio ganancial, las rentas que se obtengan por ambos cónyuges constante el matrimonio serán titularidad de esta sociedad, de las que ambos cónyuges dispondrán de “cuotas ideales” del 50% cada uno.

¿Qué efecto provoca la separación o divorcio en la sociedad ganancial?

El primer efecto que la separación o divorcio provocan en la sociedad ganancial, es su disolución.

Los efectos patrimoniales de la separación matrimonial soportan un IMPACTO mucho más acusado cuando la relación matrimonial se contrajo bajo la modalidad de sociedad de gananciales.

¿Cuándo se extingue la sociedad de gananciales?

La sociedad de gananciales se extingue de forma simultánea al matrimonio en el divorcio alcanzado de mutuo acuerdo, pero ha de tramitarse  de forma independiente mediante un procedimiento judicial especial en los casos de divorcio judicial o litigioso.

En cualquier caso, la sociedad deja de operar como tal una vez divorciados los cónyuges, aunque los bienes que formaron parte del régimen ganancial mantengan esta TITULARIDAD en caso de que deba ser liquidada de forma independiente.

En muchos casos la sociedad de gananciales absorbe bienes cuya naturaleza no está determinantemente calificada como no ganancial (o privativa). Este es el ejemplo más paradigmático de la importancia PATRIMONIAL del matrimonio, y de los importantes efectos económicos de su ruptura.

¿Dónde se regula legalmente la sociedad ganancial?

El funcionamiento de la sociedad de gananciales se regula en los artículos 1.344 a 1.410 del Código Civil, siendo su naturaleza la de una comunidad de bienes del tipo “germánico” en la que cada uno de los bienes y derechos no está atribuido individualmente por cuotas de una mitad a cada cónyuge, recayendo la cotitularidad sobre la masa patrimonial o “ganancial”.

Esta naturaleza especial de la sociedad de gananciales hace que no pueda ser considerada una copropiedad al estilo “romano” de las consideradas como “proindiviso” y que se regulan en el artículo 392 del Código Civil.

¿Qué contiene el inventario de la sociedad de gananciales?

En la separación o divorcio de mutuo acuerdo se puede incluir un inventario de los bienes, derechos, deudas y obligaciones y una liquidación de esa masa ganancial.

En ese inventario deben especificarse en el activo: lo que la sociedad tiene en sí (bienes) y lo que puede reclamar a terceros o a los propios cónyuges (derechos)

En el pasivo se especificará: lo que debe la sociedad (deudas) y lo que le puede ser reclamado a la sociedad por terceros o por los propios cónyuges comuneros (obligaciones).

¿Cómo se adjudica el resultado de activo menos pasivo?

La diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad ganancial constituirá el Neto Patrimonial.

Este neto patrimonial será lo que los cónyuges se repartan al liquidar la sociedad, adjudicándose a uno y otro cónyuge las cuotas que correspondan.

¿Con el divorcio se liquida automáticamente la sociedad ganancial?

No. Habrá que acordarlo o instar un procedimiento especial de liquidación.

En la disolución matrimonial litigiosa solo se producirá la disolución de la sociedad ganancial según lo previsto en el artículo 1.392 del Código Civil (“La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho cuando :

 1º Se disuelva el matrimonio…”) creándose entonces un periodo intermedio, en el que la sociedad de gananciales está disuelta, pero no liquidada, y que se denomina “comunidad postganancial”.

La sentencia de nulidad, separación o divorcio deberá establecer un pronunciamiento, entre un elenco de materias, sobre la liquidación del régimen económico, según lo previsto en el artículo 91 del Código Civil, y además según el artículo 95 de la misma Ley: “La sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial”.

¿Cómo se liquida judicialmente la sociedad ganancial?

La liquidación ganancial se lleva a cabo mediante un procedimiento judicial regulado en los artículos 806 a 811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El procedimiento de liquidación ganancial se efectúa en dos fases:

a.- La primera de ella es la solicitud de un inventario (proceso de “formación de inventario”) en la que el solicitante propone los bienes, derechos, deudas y obligaciones gananciales, objeto de posterior reparto.

Esta solicitud se regula en el artículo 808 de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Civil, según las reglas generales de los artículos 1.396, 1.397 y 1.398 del Código Civil.

El acto judicial de formación de inventario se realiza mediante comparecencia ante el Secretario Judicial, que llevará a cabo el inventario en caso de acuerdo, o lo deberá tramitar según las reglas de desarrollo de una vista judicial de las previstas para el juicio verbal, en caso de no haberse alcanzado acuerdo sobre las partidas a incluir en el inventario ganancial, y según el procedimiento que prevé el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b.- La segunda fase, la liquidación, propiamente dicha, una vez determinado, (o formado) el inventario, requiere la tramitación de un proceso judicial especial “de liquidación”, regulado en el artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que deberá desarrollarse conforme a lo preceptuado en los artículos 785 y siguientes de la misma Ley.

¿Qué Juzgado tramitará la liquidación ganancial?

Aunque puede tramitarse extrajudicalmente, en caso de acudir a los tribunales por falta de acuerdo, Será el mismo Juzgado que haya tramitado la separación o divorcio, conforme a lo señalado en el art. 807 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Pueden adjudicarse cuotas desiguales a los cónyuges?

Sí. Sin perjuicio de los efectos fiscales que el desajuste tiene (pagará impuestos quien obtenga un “exceso” por esa cuantía como base impositiva) en caso de que una liquidación ganancial se haya llevado a cabo mediante una partición, que hubiese ocasionado una lesión (la recepción de una cuota de inferior valor real de la recibida por el otro, en más de un veinticinco por ciento del valor total) a uno de los cónyuges, se podrá instar por el afectado una acción rescisoria en el plazo de cuatro años, conforme a lo previsto en el artículo 1.076 del Código Civil, observándose para la liquidación de la comunidad ganancial lo previsto para la participación y liquidación de la herencia.

¿Y si el activo ganancial solo se compone de un bien?

En casos en los que el activo ganancial solo se componga de un bien, reiteradas sentencias del Tribunal Supremo han señalado que se podrá evitar todo el procedimiento en dos fases de formación de inventario y posterior liquidación ganancial, pudiéndose tramitar la liquidación del único bien, a través del proceso de “división de cosa común” previsto en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Separación de bienes.

¿Se ha de acordar la separación de bienes?

En la mayor parte del territorio nacional, los matrimonios que no acuerdan expresamente CAPITULACIONES Matrimoniales, se celebran bajo el sistema de sociedad de gananciales.

Para alterar esta modalidad económico-patrimonial del matrimonio, puede acordarse la separación PARCIAL O ABSOLUTA de bienes del matrimonio, en cualquier momento de la vida del vínculo.

¿Cuándo y cómo debe acordarse la separación de bienes?

Es posible acordar la separación de bienes en cualquier momento durante la vida del matrimonio.
Es posible así mismo, acordarla con antelación a la celebración del matrimonio, si bien la eficacia del acto exige que la antelación al matrimonio, sea INFERIOR A UN AÑO.

En todo caso la celebración de Capitulaciones Matrimoniales debe efectuarse ante NOTARIO, y expresar una declaración de voluntad libre en tal sentido.

¿Qué efectos tiene acordar la separación de bienes?

Los bienes de cada cónyuge serán privativos de su titular y especialmente las rentas y otro ingreso que cada cónyuge obtenga durante el matrimonio, permanecerá bajo la exclusiva titularidad de quien lo obtenga.

La separación de bienes constante el matrimonio activa efectos de carácter financiero y TRIBUTARIO, al liquidar una sociedad ganancial y servir de medio para efectuar una extinción y adjudicación de los bienes, derechos y obligaciones gananciales. Por este motivo debe planificarse de forma adecuada la protocolización y tributación de los actos de separación de bienes.

¿Dónde se regula legalmente la separación de bienes?

Las capitulaciones matrimoniales se regulan en los artículos 1.325 a 1.335 del Código Civil, en los que se regula sus condiciones, plazo, duración, requisitos de escritura pública, su inscripción en el registro civil, y los efectos de su otorgamiento.

En caso de separación de bienes, que se regula como régimen económico del matrimonio en el código civil –artículos 1.435 a 1.444- puede solicitarse por parte del cónyuge que tras el divorcio haya visto descompensada su situación económico-patrimonial una compensación de carácter económico, por haber dedicado durante el matrimonio su contribución al levantamiento de las cargas familiares –cuidado del hogar, crianza de la prole, etc.- . Este derecho viene regulado en el artículo expresamente en el art. 1.438 del Código Civil :
    
Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación.

Protocolo Familiar

¿Qué es un protocolo familiar?

En los casos señalados de existencia de empresa familiar, que se ve afectada por un proceso de divorcio de sus titulares, pero también en casos en los que la titularidad de diferentes activos productivos o actividades profesionales de los cónyuges en separación, se precisa una adecuada PLANIFICACIÓN de la realidad cotidiana del proceso de divorcio y también con posterioridad a esta fase, que se lleva a cabo mediante un Protocolo familiar.

En muchas ocasiones, los protocolos familiares, exigen la celebración de reestructuraciones societarias, ADAPTACIONES de la titularidad de los negocios, o de transmisiones de participaciones o acciones de las sociedades familiares, como sistemas de adecuación de la empresa a la nueva situación divorcial.

También son frecuentes las adaptaciones de los órganos de GOBIERNO de las sociedades familiares, para adecuar los criterios de mando, administración y dirección empresarial al divorcio. Esta adaptación debe procurarse también mediante protocolos familiares.

Este sistema de organización presente y futuro de las realidades económicas y productivas del matrimonio, mediante la suscripción de un PROTOCOLO FAMILIAR, resulta imprescindible a veces para articular adecuadamente el proceso de divorcio, y deviene sin efecto una vez liquidada la sociedad ganancial.